Selección de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales de la Provincia de Buenos Aires que definen garantías centrales del proceso penal. Cada ficha incluye tribunal, fecha, carátula y enlace a la fuente.
Las síntesis son elaboradas por el estudio con fines informativos y no reproducen el texto de los fallos. Para citar o invocar un precedente, consulte siempre la fuente oficial completa.
La Corte abandonó la interpretación restrictiva que limitaba la casación a cuestiones de derecho. El tribunal revisor debe examinar todo lo que sea posible revisar de la condena, incluidos hechos y prueba, salvo lo que depende exclusivamente de la inmediación del juicio oral, para garantizar el derecho al recurso.
La Corte confirmó la validez del juicio por jurados regulado por una provincia, como parte de su facultad de organizar su propia administración de justicia, y consideró que la falta de exigencia de unanimidad en el veredicto no afectaba garantías constitucionales en el caso.
La Suprema Corte bonaerense restableció un veredicto de no culpabilidad dictado por un jurado. Sostuvo que, según el Código Procesal Penal provincial, la absolución derivada de ese veredicto es irrecurrible para la acusación, incluido el particular damnificado, en resguardo de la garantía contra el doble juzgamiento.
La Corte consideró que el juez que investigó un hecho no puede luego juzgarlo sin afectar la garantía de imparcialidad, y que debe apartarse si la persona imputada lo solicita.
La Corte dejó sin efecto una decisión que había mantenido la prisión preventiva descartando de manera dogmática las condiciones personales del imputado y su conducta en el proceso. Los riesgos procesales deben evaluarse en el caso concreto.
La Corte reconoció que quien está legitimado como querellante tiene derecho a obtener una sentencia, de modo que el pedido de absolución del fiscal no impide al tribunal condenar si el querellante mantiene la acusación.
La Corte declaró inconstitucional la norma del Código Procesal Penal de la Nación que permitía a la Cámara obligar a otro fiscal a acusar cuando el fiscal había pedido el sobreseimiento, por afectar la autonomía del Ministerio Público y confundir las funciones de acusar y juzgar.
La Corte entendió que, en casos de violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará exige que el hecho se resuelva en un juicio oral, por lo que no corresponde conceder la suspensión del juicio a prueba.
La Corte consideró que mantener a una persona sometida a proceso penal durante veinticinco años violaba el derecho a obtener un pronunciamiento en un tiempo razonable, derivado de la garantía de defensa en juicio.
La Corte declaró inconstitucional la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en las condiciones del caso, por invadir el ámbito de las acciones privadas protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
La Sala hizo lugar al recurso de la defensa y absolvió al imputado, por considerar que la credibilidad asignada a un testimonio se apoyaba en impresiones subjetivas y no en elementos de corroboración suficientes para alcanzar certeza más allá de toda duda razonable.
Una primera consulta permite conocer la situación procesal, identificar plazos y definir los pasos inmediatos. La información que nos comparta será tratada con confidencialidad.
Teléfono: 011 7700-1390 · Urgencias 24 h: 11 3395-6045 · info@myr.com.ar
